Sabemos como ayudarte: trabajo y responsabilidad.

EQUIPO CON EXPERIENCIA Y ESPECIALIZADO.

• Interpretación técnica del expediente: identificación de requisitos obligatorios, puntos críticos, condicionantes del entorno y restricciones de ejecución que condicionan metodología, logística y planificación.
• Enfoque a criterios de valoración: despiece de criterios y subcriterios, definición de la estructura de la memoria y preparación de contenido específico que responda exactamente a lo que se puntúa.
• Coherencia global de la propuesta: alineación entre procedimiento constructivo, fases, cronograma, medios humanos y materiales, implantación de obra y medidas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud, con referencias técnicas como la guía del INSST para obras de construcción y, cuando aplica, criterios de gestión de RCD como los recogidos por el MITECO (residuos de construcción y demolición).
• Control de riesgos de licitación: detección de puntos que suelen generar incidencias (formatos, límites de páginas, exigencias documentales, contradicciones internas, mejoras no justificadas, plazos sin soporte de medios) y corrección preventiva, incluyendo el cierre documental y firma con herramientas oficiales como AutoFirma.

Las empresas constructoras con las que colaboramos se apoyan en nuestros técnicos como departamento externo de licitaciones. Les prestamos un servicio continuado de consulta y asesoramiento para resolver dudas, tomar decisiones y preparar documentación con criterio técnico. En concreto, apoyamos en la interpretación de pliegos, la definición de la estrategia de la oferta y la resolución de problemáticas típicas de los concursos de obra pública: cómo enfocar una mejora para que sea valorable, cómo justificar un procedimiento para que sea creíble, cómo dimensionar recursos para sostener el plazo, o cómo redactar de forma precisa para que el tribunal identifique con claridad el cumplimiento y la aportación técnica, incluyendo la integración de documentación estándar europea cuando procede (p. ej., DEUC / ESPD).

Aunque muchas de estas cuestiones, aisladas, no siempre son complejas, sí son determinantes. Haberlas recorrido previamente evita errores frecuentes y acelera el cierre de la oferta. Por eso, contar con un equipo especializado incrementa la fiabilidad del proceso y, con ello, la garantía de éxito en la presentación y valoración de la propuesta técnica.

Qué es una licitación pública

Una licitación pública es el procedimiento de contratación mediante el cual un organismo del Sector Público selecciona a la empresa que ejecutará unos trabajos destinados a cubrir una necesidad concreta de interés público. Se articula bajo principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia, en coherencia con la Directiva 2014/24/UE, y se materializa mediante la publicación del expediente en el perfil del contratante, con consulta centralizada a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (y, cuando procede, en TED, suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea). Permite que compitan entidades privadas de distinto tamaño: grandes empresas, PYME’s y autónomos, es decir, cualquier persona o entidad interesada en contratar con la Administración.

Los candidatos que se presentan a una licitación reciben el nombre de licitadores y deben cumplir unos requisitos específicos de aptitud, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar que varían en cada expediente (capacidad, solvencia y condiciones técnicas/administrativas definidas en los pliegos). En la práctica, licitar implica preparar una oferta completa, donde la propuesta técnica y la propuesta económica se construyen para responder exactamente a lo que el órgano de contratación exige y valora, y se presentan conforme a la operativa de licitación electrónica y a sus guías oficiales de uso en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Qué es una obra pública

Una obra se puede definir como el resultado del conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. Concretamente, una obra pública será aquella en la que el promotor forme parte del Sector Público, y el encargo se formalice mediante un contrato de obras sometido a la normativa de contratación pública.

Por lo tanto, si el promotor forma parte del Sector Público, a la obra en cuestión se le puede catalogar como obra pública. En términos operativos, una obra pública se puede definir como un bien inmueble de interés público creado por la actividad de un empresario que lleva a cabo un proyecto aprobado por la Administración Pública, dentro de un contrato de obra pública sometido a reglas de adjudicación, ejecución, control y recepción, con previa tramitación del expediente de contratación.

Características principales de una obra pública

• El encargo lo realiza un promotor del Sector Público. El impulso, financiación y contratación se tramitan por una Administración u organismo público, que define el alcance, los requisitos y el marco contractual de la obra.
• Responde a una necesidad de interés público. Su ejecución se justifica por demandas sociales, planificación de infraestructuras, mantenimiento del patrimonio público, o situaciones de urgencia/emergencia que requieren actuación.
• La tramitación presenta complejidad jurídico-administrativa. El procedimiento incorpora fases, informes y requisitos documentales que deben cumplirse (desde la preparación del expediente hasta la adjudicación), y que afectan directamente al modo de presentar la oferta.
• El diseño y la construcción plantean retos técnicos. Los problemas técnicos se resuelven en fase de proyecto, pero se perfilan y condicionan durante la ejecución: logística, interferencias, seguridad, afecciones a servicios, rendimientos, control de calidad y planificación por fases.
• Su construcción resuelve necesidades. La obra pública materializa soluciones funcionales (movilidad, saneamiento, abastecimiento, edificación pública, rehabilitación, conservación, etc.) con requisitos de durabilidad, seguridad y servicio.
• En muchas ocasiones existen connotaciones políticas. Por su impacto social y territorial, la obra pública puede estar asociada a prioridades institucionales, plazos comprometidos y alta exposición pública, lo que incrementa la exigencia de planificación y control.

Qué se necesita para contratar una obra pública

Para que el órgano de contratación (por ejemplo, una Diputación Provincial o un Ayuntamiento) pueda contratar la realización de una obra, debe organizar el proceso de licitación, que es el procedimiento de selección del adjudicatario del contrato, conocido coloquialmente como el contratista de obra, responsable de ejecutar los trabajos conforme a proyecto y pliegos.

Cada licitación de obra tiene reglas diferentes, definidas en los pliegos que rigen la contratación, principalmente el PCAP (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) y el PPTP (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), que en los contratos de obras normalmente se materializa en el propio proyecto de construcción. El término “particular” indica que estos pliegos concretan y adaptan lo indicado en los pliegos generales, y fijan el marco completo del expediente: cómo se presenta la oferta, qué fases tiene el procedimiento, si existen lotes, qué plazos aplican y cuáles son los criterios de adjudicación.

En estos documentos se desarrolla el proceso de adjudicación y, sobre todo, se define qué se va a valorar y cómo se va a valorar: criterios automáticos, criterios sujetos a juicio de valor, documentación mínima y condiciones técnicas de ejecución. Por ello, la preparación de la oferta exige una lectura precisa del pliego y una construcción coherente de la propuesta, evitando contradicciones entre alcance, metodología, medios, plazos y coste.

Subasta y concurso: modalidades según criterios de adjudicación

Dejando de lado los restantes aspectos burocráticos, podemos diferenciar dos principales modalidades de licitaciones públicas según los criterios de adjudicación que se apliquen: subasta y concurso, entendiendo cada una de ellas como:

• La subasta. Es el proceso de contratación pública en el cual el contrato se adjudica a la propuesta que presente el precio (oferta) más bajo, cuando el precio actúa como criterio determinante en la adjudicación. En este enfoque, la competitividad se concentra en el componente económico, con especial atención a la consistencia del precio ofertado y a la capacidad real de ejecutar con ese coste.
• El concurso. Es el proceso de contratación pública en el que, además del precio (oferta), se tienen en cuenta otros criterios, adjudicando el contrato a la propuesta más ventajosa (mejor relación calidad-precio). En estos casos, la memoria técnica, la metodología, la planificación, los medios, las mejoras y el enfoque al pliego son determinantes para alcanzar la mejor valoración global.