El marco legislativo de la contratación pública.

• • Regulación específica de la Plataforma de Contratación del Estado. Define el entorno de publicación y gestión de expedientes, el acceso a documentación, comunicaciones, anuncios, y en numerosos casos la tramitación electrónica. A efectos de oferta, condiciona aspectos prácticos críticos: formatos, presentación por sobres, requisitos de firma, plazos y trazabilidad de comunicaciones. Además, se alinea con las obligaciones de publicidad del perfil del contratante previstas en la LCSP, y con los principios de interoperabilidad y administración digital del Reglamento eIDAS.

• • Normativa de la Unión Europea. Establece los principios y directivas que armonizan la contratación pública (concurrencia, transparencia, igualdad, no discriminación y eficiencia), y que impactan en la estructura de procedimientos, umbrales, publicidad y reglas de adjudicación. Su influencia se traslada a los pliegos y a la forma en la que el órgano de contratación define criterios y requisitos. Como referencias base, resultan especialmente relevantes la Directiva 2014/24/UE, la Directiva 2014/25/UE y la Directiva 2014/23/UE, así como su canal oficial de publicidad europea en TED.
  • Leyes y Reales Decretos. Constituyen el núcleo normativo nacional que regula el procedimiento, los tipos contractuales, la solvencia, las garantías, los criterios de adjudicación, la ejecución, la modificación contractual y la recepción. Para el licitador, estas normas determinan qué documentos son exigibles, cómo se acreditan capacidades y cómo se estructura la oferta técnica y económica. En obra pública, además de la LCSP, es habitual acudir al Real Decreto 1098/2001 y al Real Decreto 817/2009 para aspectos de desarrollo y aplicación procedimental.
  • Órdenes Ministeriales y Resoluciones administrativas. Desarrollan y concretan aspectos técnicos y procedimentales: criterios de aplicación, modelos, instrucciones, interpretaciones administrativas y condiciones específicas en determinados ámbitos (infraestructura, energía, edificación pública, conservación, etc.). En licitación, estas disposiciones suelen reflejarse en exigencias concretas del pliego, anexos y prescripciones complementarias. Para ampliar y localizar disposiciones vigentes por materia, resultan útiles el buscador del BOE y la biblioteca de códigos electrónicos.
  • Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Publica informes, recomendaciones y criterios interpretativos que ayudan a entender cómo se aplican las normas de contratación pública en casos reales. Para empresas constructoras, estos criterios son especialmente útiles para aclarar dudas frecuentes en expedientes: solvencia, clasificación, subsanación, criterios de adjudicación, mejoras, y cuestiones recurrentes en pliegos. Su lectura debe hacerse en coherencia con el marco de la LCSP.
  • Pliegos de cláusulas administrativas generales. Constituyen la base contractual general sobre la que se apoyan los pliegos particulares (PCAP) y prescripciones técnicas (proyecto/PPT). Influyen en cuestiones clave de ejecución: penalidades, certificaciones, mediciones, revisiones, modificaciones, garantías y recepción, por lo que condicionan la forma correcta de plantear metodología y planificación en la memoria. Este encaje debe interpretarse siempre conforme a la LCSP y, cuando procede, a su desarrollo reglamentario.
  • Ley de Subcontratación en la Construcción. Regula el régimen de subcontratación, la cadena de contratación, requisitos de empresas y trabajadores, y obligaciones documentales. En obra pública tiene un impacto directo en la organización productiva, en la planificación de recursos, en la coordinación de tajos y en la coherencia de la oferta cuando se comprometen medios o especialidades concretas. Su desarrollo se completa con el Real Decreto 1109/2007 y con la operativa del Registro de Empresas Acreditadas (REA).
  • Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Establece el marco preventivo obligatorio en obra y condiciona tanto la fase de licitación (cuando el pliego exige desarrollo preventivo o metodología de seguridad) como la ejecución (planificación de trabajos, procedimientos seguros, coordinación de actividades empresariales, y medidas preventivas integradas). En obras de construcción, se complementa con el Real Decreto 1627/1997 y con criterios técnicos divulgados por el INSST. Una memoria técnica solvente debe considerar la seguridad como parte del proceso constructivo, no como un anexo genérico.

En los siguientes apartados se explica en qué consiste cada una de las referencias anteriores y, sobre todo, cómo impactan de forma práctica en la preparación de licitaciones de obra pública, la redacción de memorias técnicas y el cumplimiento de la documentación exigida en el expediente. El objetivo es que la empresa constructora entienda qué regula cada bloque, qué riesgos habituales aparecen en la fase de oferta y qué aspectos conviene considerar desde el inicio para construir una propuesta técnicamente sólida, coherente y evaluable.

• La regulación y funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público condiciona la forma de publicación, acceso y presentación de las licitaciones. A nivel de licitador, afecta a aspectos críticos: estructura de sobres, requisitos de firma electrónica (AutoFirma), formatos, límites de tamaño, trazabilidad de comunicaciones, plazos de presentación y recepción de aclaraciones o rectificaciones. En muchas licitaciones, un error formal en esta fase (subida de archivos, firma, nomenclatura o separación de documentación) puede comprometer la admisión de la oferta, por lo que su conocimiento es parte del control de calidad documental.
• La normativa europea fija los principios que deben regir la contratación pública: concurrencia, igualdad, transparencia y eficiencia, e influye en cómo se diseñan los procedimientos, la publicidad y la definición de criterios de adjudicación. Para el licitador, la repercusión práctica está en la forma en que el órgano de contratación debe justificar sus reglas y en cómo se estructuran los sistemas de valoración, especialmente en expedientes de mayor envergadura o sujetos a umbrales europeos. Esta base normativa se refleja, por ejemplo, en la Directiva 2014/24/UE y explica por qué la documentación técnica debe ser objetiva, comparable y verificable, evitando planteamientos ambiguos o difíciles de contrastar.
• Las leyes y reales decretos constituyen el núcleo normativo que regula el procedimiento de licitación y el contrato: requisitos para contratar, solvencia y clasificación cuando proceda, criterios de adjudicación, garantías, ejecución, penalidades, modificaciones contractuales, certificaciones y recepción. En términos de preparación de oferta, estas normas determinan qué documentación es exigible, cómo se acredita la capacidad del licitador y qué obligaciones se trasladan a la fase de obra. Una referencia central es la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP): una memoria técnica bien planteada incorpora su lógica, porque no solo describe, sino que acredita viabilidad y anticipa cumplimiento de obligaciones habituales del contrato.
• Las órdenes ministeriales y resoluciones administrativas desarrollan y concretan criterios y procedimientos, aportando instrucciones y pautas que terminan reflejándose en pliegos y anexos: requisitos de determinados ámbitos (infraestructuras, edificación pública, conservación), criterios técnicos aplicables, modelos documentales, condiciones de presentación y, en ocasiones, exigencias específicas por tipología de actuación. Para el licitador, su lectura indirecta suele materializarse en “condiciones particulares” del pliego que conviene integrar en la oferta desde el principio para evitar incoherencias. En ámbitos como carreteras, es habitual que estas disposiciones se traduzcan en normativa técnica de aplicación, como la publicada por el ministerio competente en normativa técnica de carreteras.
• La Junta Consultiva de Contratación aporta criterios interpretativos e informes que ayudan a entender la aplicación práctica de la normativa en casos reales. Su importancia en licitación es alta porque orienta sobre cuestiones recurrentes: solvencia, clasificación, subsanación, interpretación de criterios, uso de mejoras y aspectos que suelen generar controversia entre licitadores y órganos de contratación. Acceder a sus informes y criterios mejora la seguridad jurídica y reduce el riesgo de plantear ofertas con enfoques que puedan ser cuestionados.
• Los pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares establecen el marco contractual de la licitación y la ejecución: obligaciones, penalidades, régimen de modificaciones, certificaciones, mediciones, garantías, recepción y condiciones de gestión del contrato. En la práctica, condicionan cómo debe redactarse la memoria técnica: metodología, planificación, medios y organización deben ser compatibles con el pliego. Una propuesta técnica bien construida se apoya en el pliego para justificar y demostrar que la empresa puede ejecutar conforme a reglas, plazos y exigencias. Como referencia institucional útil para comprender la estructura y finalidad de los pliegos (PCAP/PPTP) y su papel en el contrato, puede consultarse la información pública sobre modelos de pliegos y contratos.
• La ley de subcontratación regula la cadena de subcontratación, la organización productiva y obligaciones documentales asociadas. En obra pública afecta directamente al dimensionamiento de medios, a la planificación de tajos, a la coordinación de empresas y a la coherencia de la oferta cuando se comprometen recursos específicos o especialidades. En licitación, esto se traduce en que la memoria técnica debe reflejar una organización realista, compatible con la normativa y con capacidad para controlar producción, calidad y seguridad en una estructura con subcontratas. En este contexto, es especialmente relevante el Registro de Empresas Acreditadas (REA) como herramienta oficial vinculada a la acreditación y control documental en subcontratación.
• La normativa de prevención de riesgos laborales establece el marco de seguridad en obra y es un pilar transversal: afecta a la organización de trabajos, procedimientos, coordinaciones y medidas preventivas. En muchos expedientes, además, el pliego exige que la oferta incluya criterios de seguridad integrados en metodología y fases de ejecución. Una memoria técnica competitiva no trata la prevención como un apartado genérico, sino como parte del proceso constructivo: identificación de riesgos por actividad, medidas preventivas, planificación segura de tajos, señalización, protecciones colectivas, control de accesos y coordinación de actividades empresariales. Para ampliar criterios y referencias oficiales aplicables, resulta útil la recopilación de normativa y documentación técnica del INSST.

Una vez conocido el actual marco legislativo que regula la contratación de obras públicas, el siguiente paso seria centrarse en el estudio del contrato de obra y el papel de la empresa contratista, de modo que el enfoque de la preparación, presentación, adjudicación, ejecución y finalización sean los óptimos.