El sector público de España.
ESTUDIO | OBRA PUBLICA es una consultora para empresas constructoras de obras públicas, especializada en contratación pública y en la preparación de memorias técnicas y documentación de licitación. Como empresa que asesora a sus clientes, consideramos especialmente útil que las constructoras que se están iniciando en este ámbito conozcan el funcionamiento básico del sistema: qué es un órgano de contratación, cómo se estructura un expediente, qué documentos rigen la licitación y, sobre todo, cómo se valoran las ofertas técnicas y económicas. La finalidad del Sector Público es ofrecer al ciudadano las infraestructuras y servicios necesarios en las mejores condiciones, actuando desde el interés general y bajo criterios de eficiencia, transparencia y control del gasto. Sin embargo, la capacidad ejecutiva directa del propio Sector Público es limitada, por lo que necesita contratar la construcción, rehabilitación, conservación y mejora de infraestructuras a la empresa constructora de obras públicas privada, y todo ello se articula mediante la Contratación Pública a través de procedimientos de licitación que fijan reglas claras, requisitos de solvencia y criterios de adjudicación.
En España, los principales entes, organismos y entidades que forman parte del Sector Público, y que por lo tanto sacan a licitación pública sus contratos de obras, son los siguientes:
- Administración General del Estado. Incluye ministerios, direcciones generales y organismos estatales que impulsan licitaciones de infraestructuras, edificación pública, conservación y actuaciones de emergencia.
- Administraciones de las Comunidades Autónomas. Ejecutan y licitan obras en ámbitos clave como sanidad, educación, carreteras autonómicas, vivienda pública, abastecimiento y saneamiento, y rehabilitación energética.
- La Administración Local. Ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales licitan obras de urbanización, pavimentación, espacios públicos, redes de servicios, equipamientos municipales y rehabilitación de edificios.
- Universidades Públicas. Promueven obras y actuaciones vinculadas a campus, edificios docentes, laboratorios, instalaciones y rehabilitación o ampliaciones, con exigencias técnicas específicas por uso y continuidad de servicio.
- Entidades públicas empresariales. Desarrollan contratación de obras asociada a infraestructuras estratégicas, servicios públicos y activos patrimoniales, con procedimientos y requerimientos documentales propios.
- Otras entidades vinculadas al sector público o dependientes del mismo, que licitan obras y actuaciones de mantenimiento, reforma, rehabilitación y mejora de infraestructuras y edificios públicos.
Para hacerse una idea aproximada del orden de magnitud, la contratación pública en España mueve cada año un volumen muy relevante de recursos, y puede consultarse información agregada y evolución anual en los Informes anuales de supervisión de la contratación pública (OIReScon). Ejemplos habituales de licitaciones públicas son la construcción de una carretera, la ejecución de una obra de urbanización o reurbanización, la rehabilitación de un edificio para su uso como centro social, o la contratación de servicios de conservación y mantenimiento vinculados al espacio público y a las infraestructuras existentes. En todos estos casos, el órgano de contratación define el alcance técnico, los requisitos y el sistema de adjudicación, y el licitador debe responder con una oferta estructurada y coherente, donde la memoria técnica y la documentación técnica puntuable se convierten en elementos decisivos para competir.
Para participar en licitaciones de obra pública, las empresas constructoras deben cumplir unos requisitos que varían en función del importe de licitación, la tipología de obra y las exigencias del pliego. Dependiendo del contrato, puede bastar con acreditar una solvencia económica y técnica básica, o puede ser necesario disponer de la empresa de construcción inscrita en ROLECE, e incluso contar con la clasificación de obra del Estado en un grupo concreto. La clasificación de obras se estructura en diferentes grupos y categorías, desde importes bajos hasta obras de varios millones de euros, y su obtención y mantenimiento requiere rigor documental, estabilidad de medios y cumplimiento continuado de requisitos. En los últimos años, las condiciones para acreditar solvencia y clasificación se han vuelto más estrictas, lo que incrementa la necesidad de trabajar con procedimientos internos sólidos y con asesoramiento especializado.
Preparar licitaciones es un trabajo que requiere profesionalidad, experiencia y constancia. La competencia suele ser alta y, como licitadores, nos enfrentamos a empresas constructoras muy consolidadas, con recursos y equipos dedicados. Por eso prestamos un servicio altamente específico, sustentado en dos pilares: técnica y experiencia. La técnica es la capacidad de convertir el pliego y el proyecto en una oferta completa, coherente y evaluable; la experiencia es el conocimiento práctico de cómo se valoran las memorias técnicas, dónde se producen las pérdidas de puntuación y cómo estructurar la documentación para responder con precisión a los criterios de adjudicación, minimizando riesgos y maximizando opciones reales de adjudicación.
Algunas otras magnitudes orientativas, para un año completo de contratación pública en España son:
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE CONTRATACIÓN
NÚMERO DE ANUNCIOS DE LICITACIÓN
NÚMERO DE CONTRATOS ADJUDICADOS
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública, Dirección General del Patrimonio del Estado, Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
En términos de actividad, la contratación pública no se concentra en un único nivel administrativo: se reparte entre sector público estatal, sector público autonómico y sector público local. Esta distribución es especialmente relevante para una empresa constructora, porque determina dónde se publican más anuncios de licitación, qué tipologías de expedientes predominan y cómo debe adaptarse la memoria técnica a los criterios y particularidades de cada órgano de contratación. En la práctica, el punto de consulta más habitual para localizar anuncios y expedientes agregados es el buscador de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
De forma general, los datos disponibles en herramientas oficiales de supervisión permiten identificar patrones por nivel administrativo en anuncios de licitación y contratos adjudicados. Una referencia útil para contrastar y filtrar estas magnitudes (por tipo de contrato, importes, licitaciones y adjudicaciones) es el Visor de cifras de la contratación pública (OIReScon). Esta lectura, aplicada a la estrategia de licitación, implica que una buena planificación comercial y técnica debe cubrir, como mínimo, los dos focos principales: comunidades autónomas y entidades locales, sin perder de vista las oportunidades del ámbito estatal por su frecuencia más baja pero, en muchas ocasiones, por su mayor complejidad y exigencia documental.
- Sector público autonómico. Suele concentrar un volumen muy significativo de anuncios y adjudicaciones, lo que lo convierte en un mercado prioritario para constructoras que buscan continuidad de cartera. Exige un alto nivel de ajuste al pliego: metodología constructiva, planificación, medios, control de calidad y gestión ambiental deben presentarse con un grado de desarrollo y evidencia que permita puntuar en criterios técnicos. Como referencia institucional del marco autonómico y su organización, puede ampliarse información en el portal oficial de política autonómica.
- Sector público local. Presenta un peso muy relevante, con expedientes frecuentes y variados (urbanización, reposición de servicios, rehabilitación, mantenimiento, mejora de espacios públicos). La clave suele estar en una memoria técnica “de obra real”: fases claras, gestión de afecciones (tráfico, peatones, accesos), implantación y logística, y coherencia entre plazo–medios–producción. Para contextualizar el ámbito de entidades locales y sus procedimientos oficiales, es útil la sección de Entidades Locales en la Sede de Administraciones Públicas.
- Sector público estatal. Aunque su volumen relativo sea menor, concentra licitaciones con elevada exigencia técnica y administrativa. En estos expedientes, la documentación debe ser especialmente robusta: trazabilidad del cumplimiento, estructura precisa por criterios, y una propuesta técnica plenamente defendible, sin contradicciones internas y con medidas específicas para riesgos y condicionantes. Como referencia institucional del nivel estatal, puede consultarse la definición y funciones de la Administración General del Estado.
En consecuencia, preparar licitaciones con garantías no consiste solo en “presentarse”, sino en construir una oferta técnica competitiva adaptada al sector y al órgano de contratación concreto: lectura crítica del pliego, identificación de criterios, y redacción de una memoria técnica puntuable con procedimientos, fases, recursos, planificación y controles perfectamente alineados con lo que se valora en la adjudicación.
La relación de las empresas constructoras con el sector público de España.
El Sector Público, en cualquier procedimiento de contratación, debe adjudicar el contrato a la propuesta más ventajosa, entendida como aquella que ofrece el mejor equilibrio entre precio, calidad, viabilidad técnica y cumplimiento del pliego, bajo el principio de mejor relación calidad-precio. En la mayoría de ocasiones esta propuesta coincide con la más económica, especialmente en procedimientos donde el peso del precio es determinante; sin embargo, en muchos concursos la adjudicación puede recaer en una oferta que, sin ser la más barata, aporta una mejor solución técnica por su excelencia, su enfoque a los criterios de valoración, la robustez de su metodología y la credibilidad de su plan de ejecución. En estos casos, la memoria técnica y la documentación puntuable son decisivas: una propuesta técnicamente superior, bien estructurada y con evidencias, puede compensar diferencias de precio y resultar adjudicataria.
Para contratar con el Sector Público, las empresas constructoras deben cumplir unas condiciones legales de aptitud para contratar que, simplificando, se pueden agrupar en:
- Disponer de plena capacidad de obrar. Es decir, estar legalmente habilitadas para contratar, con forma jurídica y representación válidas, y capacidad efectiva para ejecutar el objeto del contrato.
- No tener ninguna prohibición de contratar con la Administración. Incluye estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, acreditándolo con documentación oficial cuando el expediente lo requiera, como el certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias y los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social.
- Disponer de acreditación de solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o cuando proceda, encontrarse debidamente clasificadas en el apartado de Obras del Estado. La solvencia y/o clasificación acreditan la capacidad real de la empresa para ejecutar la obra: experiencia previa, medios, personal, volumen de negocio, recursos y desempeño en contratos similares, pudiendo apoyarse en registros oficiales como el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE).
En cada licitación pública se exigen condiciones concretas, establecidas en función de la complejidad y exigencia del contrato de obra que se pretende adjudicar. Estas condiciones se definen en los pliegos (PCAP/PPT y anexos) e impactan directamente en cómo debe prepararse la oferta: estructura de documentos, límites formales, contenido mínimo, criterios de valoración, adscripción de medios, planificación, metodología, control de calidad, requisitos ambientales y de seguridad, entre otros. Por eso, en licitación no basta con “cumplir”; es necesario demostrar el cumplimiento y construir una propuesta técnicamente coherente que el órgano de contratación pueda valorar sin ambigüedades, alineando además la preparación y presentación electrónica con las guías oficiales de licitación electrónica.
En este ámbito trabaja nuestra empresa consultora y asesoría para empresas constructoras de obras públicas: analizamos el expediente, interpretamos el pliego, definimos la estrategia técnica y preparamos todos los documentos técnicos y económicos que se requieran en fase de licitación. El objetivo es claro: presentar una oferta completa, consistente y orientada a adjudicación, con una memoria técnica que describa una ejecución viable, medible y alineada con los criterios que realmente puntúan.
En todos los mercados regulados existen normas de actuación, plazos para tramitar, etc., en la bolsa de valores, las subastas públicas, el mercado de fichajes del futbol, etc…, el Sector Público también tiene sus propias reglas del juego y están recogidas en diferentes Leyes y normativas. En particular, para la construcción de obra pública, hay una serie de normativas que en mayor o menor medida se deben de conocer.
Información básica del concepto útil de obra pública.
La obra pública es el resultado de trabajos de construcción o ingeniería civil sobre un bien inmueble cuyo promotor pertenece al Sector Público (Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, universidades públicas, entidades públicas empresariales, etc.). En la práctica, “obra pública” significa que la actuación se ejecuta mediante un contrato administrativo de obras, regido por pliegos y por un proyecto aprobado, con criterios de adjudicación, requisitos de solvencia, condiciones de ejecución, control de calidad, certificaciones, posibles modificaciones y recepción. Para una constructora, entender el concepto útil de obra pública implica asumir que la adjudicación y la ejecución están fuertemente condicionadas por el expediente de contratación y por la documentación técnica exigida: lo que no esté definido, acreditado o alineado con pliego, normalmente no puntúa o genera riesgo contractual.
Contratar con el Sector Público permite a la empresa constructora acceder a un mercado estable y recurrente, con licitaciones continuas de infraestructura nueva, conservación y mantenimiento, rehabilitación y mejora de servicios. Entre las ventajas habituales destacan: diversificación de cartera, mayor previsibilidad de demanda, posibilidad de crecimiento por solvencia y clasificación, y un marco contractual formalizado con reglas claras (pliegos, penalidades, certificaciones, recepción, etc.). Además, la contratación pública obliga a profesionalizar la empresa en aspectos que mejoran su competitividad: planificación, control documental, aseguramiento de calidad, gestión ambiental (por ejemplo, la trazabilidad y gestión de RCD conforme a criterios técnicos como los de MITECO) y gestión de riesgos, incluyendo seguridad y salud con referencias prácticas como la guía técnica del INSST para obras de construcción. La contrapartida es que la exigencia es alta: el éxito depende de presentar una oferta técnicamente sólida, coherente y “puntuable”, donde la memoria técnica de licitación sea un documento de ejecución real, no una descripción genérica.
Una licitación pública es el procedimiento por el que un órgano del Sector Público selecciona al adjudicatario de un contrato (por ejemplo, un contrato de obra pública) mediante concurrencia competitiva, con reglas armonizadas en el marco europeo (p. ej., Directiva 2014/24/UE). En términos operativos, la licitación se construye como un proceso con fases: publicación del anuncio, acceso al expediente, consultas/aclaraciones, preparación y presentación de ofertas, valoración (criterios automáticos y juicio de valor), propuesta de adjudicación, adjudicación, formalización y, finalmente, inicio de la ejecución. En España, la localización y consulta de un volumen muy relevante de expedientes se canaliza a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Para competir con garantías, el licitador debe preparar una oferta donde propuesta técnica y propuesta económica sean coherentes entre sí y con el pliego: metodología, fases, recursos, plazo y coste deben “encajar” sin contradicciones.
El licitador es la persona física o jurídica (empresa, PYME, autónomo o UTE) que presenta oferta a una licitación pública con la intención de resultar adjudicataria. Su papel no es solo “presentarse”: debe acreditar aptitud para contratar, no estar incurso en prohibiciones de contratar y demostrar solvencia económica y técnica (o clasificación cuando proceda), además de presentar la documentación exigida. En la práctica, esto se apoya en evidencias oficiales habituales, como el certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias y el certificado de estar al corriente con la Seguridad Social, así como, cuando aplica, la inscripción y certificación registral en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECSP/ROLECE). Desde el punto de vista técnico, el licitador es quien asume el compromiso de ejecutar la obra conforme a proyecto y pliegos; por ello, la memoria técnica debe evidenciar viabilidad constructiva, dimensionamiento realista de medios, planificación, gestión de afecciones y control de calidad, porque eso es lo que reduce incertidumbre y mejora la valoración.
Los pliegos son los documentos contractuales que regulan una licitación y fijan, con carácter obligatorio, las reglas del juego. En obras, destacan dos pilares: el PCAP (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) y el PPTP (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), que en muchos contratos de obras se materializa en el proyecto y su documentación técnica. En los pliegos se establecen el objeto, alcance, lotes, plazos, garantías, condiciones de solvencia, forma de presentación, criterios de adjudicación, penalidades, obligaciones durante la ejecución y requisitos técnicos específicos. Por eso, la preparación de memorias técnicas parte siempre de una lectura “de pliego”: identificar qué es obligatorio, qué puntúa, qué evidencias conviene aportar y cómo estructurar la documentación para responder exactamente a los criterios, sin omisiones ni contenido irrelevante.
Información básica para licitadores de cómo se busca obra pública.
La búsqueda de oportunidades es el primer filtro de éxito en contratación pública. Una estrategia correcta para buscar licitaciones de obra pública no consiste solo en “encontrar anuncios”, sino en identificar expedientes que encajen con la solvencia, los medios, la capacidad productiva y el riesgo asumible de la empresa. Por eso, la fase de búsqueda debe trabajarse como un proceso técnico: definición de CPV, geografía, presupuesto objetivo, tipologías, procedimientos, plazos, y un sistema de seguimiento para no perder aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de plazo que pueden cambiar por completo la viabilidad de la oferta.
Un buscador de licitaciones es una herramienta (pública o privada) que permite localizar anuncios de contratación, filtrar expedientes y centralizar información relevante para el licitador: objeto del contrato, CPV, órgano de contratación, presupuesto, lugar de ejecución, procedimiento, criterios de adjudicación y fecha límite. A nivel operativo, un buen buscador debe permitir:
- Filtrar por tipo de contrato (obras, servicios, suministros), presupuesto/valor estimado, provincia/CCAA y estado del expediente.
- Buscar por palabras clave vinculadas a la tipología real de obra (urbanización, saneamiento, abastecimiento, rehabilitación, conservación, demolición, etc.).
- Identificar rápidamente requisitos de solvencia, clasificación si procede y el sistema de presentación (electrónica/presencial).
- Activar alertas para detectar publicaciones nuevas y cambios en expedientes ya identificados (aclaraciones, subsanaciones, modificaciones del pliego o del proyecto).
El Perfil de Contratante es el espacio oficial donde cada órgano de contratación publica la información de sus expedientes: anuncio, pliegos, proyecto y anexos, aclaraciones, actas, adjudicación y formalización. Para una empresa licitadora, el perfil de contratante es crítico porque:
- Es la fuente primaria donde se publican documentos y comunicaciones con validez administrativa.
- Centraliza aclaraciones y respuestas que afectan directamente a la memoria técnica y a la oferta económica.
- Permite verificar cambios: rectificaciones, ampliaciones de plazo, nuevos documentos o ajustes del alcance.
En la práctica, un expediente “vive” en su perfil: la búsqueda identifica la oportunidad, pero el seguimiento diario del perfil evita perder información decisiva para competir.
Para buscar licitaciones de forma gratuita, el licitador debe apoyarse en plataformas y perfiles oficiales, combinando búsqueda y seguimiento. Un enfoque eficaz, especialmente para obra pública, suele incluir:
- Definir una lista de CPV y palabras clave por tipología (por ejemplo: urbanización, pavimentación, saneamiento, abastecimiento, rehabilitación, eficiencia energética, conservación, demolición).
- Filtrar por ámbito geográfico realista (provincia/CCAA) y por rango de presupuesto compatible con la estructura de la empresa.
- Revisar la documentación del expediente antes de decidir ofertar: pliegos, proyecto, criterios de adjudicación y solvencia.
- Activar alertas y establecer un calendario de control de plazos: fecha límite, visita de obra si existe y ventana real de preparación de la oferta.
La clave no es ver “muchas licitaciones”, sino detectar “las licitaciones correctas” y llegar a tiempo con una oferta completa, coherente y alineada con criterios.
El CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos) es un sistema de codificación que clasifica el objeto de un contrato mediante códigos normalizados. En la búsqueda de obra pública, el CPV es esencial porque:
- Permite localizar expedientes por familias de actividad y no solo por palabras clave.
- Facilita crear alertas automáticas y filtros estables en el tiempo.
- Ayuda a evitar “ruido” en búsquedas genéricas y a concentrar oportunidades reales.
El CPV tiene estructura jerárquica: cuanto más genérico es el código (menos nivel), más expedientes aparecen; cuanto más específico, más precisión pero mayor riesgo de perder oportunidades mal clasificadas. Por eso se recomienda combinar CPV + palabras clave + ámbito territorial.
Una “lista de CPV por tipo de contrato” es una agrupación práctica de códigos por tipologías habituales para el licitador. En obra pública, por ejemplo, es habitual organizar el seguimiento por grandes bloques: construcción y obra civil, instalaciones, rehabilitación, conservación, demoliciones, redes de servicios, etc. Este enfoque permite:
- Crear perfiles de búsqueda por línea de negocio (obra civil, edificación, instalaciones, hidráulica, conservación).
- Asignar responsables internos por familia de contratos y acelerar la decisión de ofertar.
- Mejorar el rendimiento del departamento de estudios, evitando dispersión y enfocando recursos donde hay mayor probabilidad de adjudicación.
La Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) es el entorno oficial donde se publican y gestionan numerosos expedientes de contratación del Sector Público, incluyendo obras, servicios y suministros. Para el licitador, PLACSP es una pieza central porque permite:
- Localizar expedientes y acceder a pliegos, proyecto y anexos.
- Consultar datos críticos: presupuesto base, valor estimado, procedimiento, criterios, plazos y lugar de ejecución.
- Realizar el seguimiento de comunicaciones asociadas al expediente: aclaraciones, cambios y publicaciones complementarias.
En paralelo, muchas comunidades autónomas disponen de plataformas propias (con buscadores, RSS y datos abiertos), como ocurre en la Comunidad de Madrid, por lo que una estrategia de búsqueda completa debe contemplar ambos niveles cuando la empresa opere en varias regiones.
En la práctica, PLACSP no es solo un buscador: es un punto de trabajo para licitadores. Cuando la licitación es electrónica, el licitador debe cuidar aspectos que afectan directamente a la presentación:
- Registro y firma electrónica: la presentación suele exigir certificado digital y firma de documentos/archivos según el formato indicado (herramientas oficiales como AutoFirma).
- Estructura de sobres: documentación administrativa, oferta técnica y oferta económica deben estar correctamente separadas y nombradas según el pliego.
- Control de plazos: no basta con “llegar”; hay que prever tiempos de subida, validación y cierre del envío para evitar incidencias de última hora.
- Seguimiento post-presentación: actas, requerimientos, subsanaciones y comunicaciones que pueden condicionar la adjudicación.
Para automatizar parte del seguimiento sin depender de herramientas privadas, es útil conocer los datos abiertos disponibles para explotar publicaciones, alimentar cuadros de control y construir alertas propias (por ejemplo, mediante el conjunto de datos oficial de licitaciones en datos.gob.es). Y, cuando el expediente está sujeto a publicidad europea, el canal oficial es TED.
Una búsqueda eficiente de licitaciones mejora la tasa de éxito y reduce el coste interno de preparar ofertas. Algunas prácticas que suelen funcionar en constructoras:
- Combinar CPV + palabras clave para capturar expedientes bien y mal clasificados.
- Filtrar por presupuesto realista y por ubicación compatible con la logística de obra (distancias, acopios, transporte, subcontratación local).
- Leer primero criterios y solvencia: si la solvencia/clasificación no encaja o los criterios hacen inviable competir, se descarta antes de invertir horas.
- Vigilar el perfil de contratante del expediente: aclaraciones y cambios pueden modificar metodología, mediciones o plazo y, por tanto, la estrategia técnica y económica.
- Crear una ficha interna por expediente: objeto, CPV, presupuesto, plazos, criterios, riesgos técnicos, puntos críticos y decisión de ofertar.
La oferta (también llamada propuesta o plica) es el conjunto de documentos que el licitador presenta para concurrir al contrato. En licitaciones de obra pública, suele estructurarse en bloques (o “sobres”) que responden a la lógica del procedimiento:
- Documentación administrativa: capacidad, representación, declaraciones, solvencia y requisitos exigidos en el pliego.
- Oferta técnica: la parte más estratégica en concursos, donde la memoria técnica debe explicar metodología, fases, medios, planificación, control de calidad, gestión ambiental, seguridad y salud, y cualquier apartado puntuable.
- Oferta económica: precio y, cuando aplica, desgloses o compromisos evaluables mediante fórmula.
Para que la plica sea competitiva y segura, debe existir coherencia total entre metodología, plazo, medios y coste. En obra pública, una oferta técnicamente bien construida no solo “puntúa”: reduce el riesgo de incidencias en ejecución y mejora la defendibilidad de la propuesta ante el órgano de contratación.
Parte de la información anterior, sobretodo datos y definiciones exactas, ha sido extraida de http://www.contrataciondelestado.es/ que es el dominio donde se aloja PLACSP, este dominio es de titularidad de la Dirección General del Patrimonio del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública, por lo que para una consulta más exacta y actualizada se recomienda visitar la citada web.
