ESTUDIO ECONÓMICO DE OBRA EN FASE DE LICITACIÓN.
Un estudio económico es un concepto genérico cuyo alcance y profundidad cambian en función de la fase del contrato. En la fase concreta de licitación, el objetivo es valorar con rigor los costes reales de ejecución de la obra en caso de adjudicación, anticipando riesgos y tomando decisiones que permitan competir sin comprometer la viabilidad. En obra pública, el estudio económico no puede separarse del pliego ni del proyecto: debe construirse sobre mediciones, prescripciones y condicionantes de ejecución, y debe ser coherente con la memoria técnica (procedimiento, medios y plazo), porque cualquier incoherencia plazo–medios–coste debilita la oferta y aumenta el riesgo de oferta anormal o de desviación en obra.
El estudio económico en fase de licitación tiene como fin último proponer una oferta económica competitiva, que necesariamente debe optimizarse si se quieren tener posibilidades reales de adjudicación. Esa optimización no significa “bajar sin control”: significa identificar dónde existe margen técnico para mejorar rendimientos, reducir afecciones, planificar mejor medios, ajustar logística y compras, y disminuir riesgos de ejecución. Por eso, el estudio económico va en consonancia con el estudio técnico: primero se definen procedimientos constructivos, fases, equipos, materiales, consumos y rendimientos; y a partir de ahí se estructura el coste real de producir la obra según el método con el que se pretende ejecutarla.
Para liberar de carga de trabajo su departamento de estudios, les ofrecemos un servicio de tratamiento de datos económicos orientado específicamente a licitación de obra pública. Nuestro enfoque está pensado para que la constructora gane velocidad y control: transformar el presupuesto del proyecto y sus mediciones en un modelo económico de obra manejable, trazable y útil para decidir el nivel de oferta.
Nuestro departamento estudia los gastos relacionados con la ejecución, diferenciando costes directos y costes indirectos, e incorporando además el análisis de PUC, detección de errores de medición y omisiones de partidas. En la práctica, esto incluye:
- Costes directos: materiales, mano de obra, maquinaria, subcontratación, transportes, consumos y rendimientos por unidad, vinculados a procedimientos concretos.
- Costes indirectos: implantación, medios auxiliares, señalización y balizamiento cuando procede, logística, control de calidad y ensayos, seguridad y salud, costes de estructura imputables y otros costes necesarios para producir en plazo.
- Revisión crítica del presupuesto: partidas sensibles, precios anómalos, unidades con incertidumbre, incoherencias entre planos/mediciones, y conceptos que puedan generar desviaciones.
Analizamos la obra y la organizamos en descompuestos estructurados (por gamas, familias, tipos de suministro, proveedores y subcontratistas), de modo que el estudio no sea un listado plano, sino una herramienta de decisión. La finalidad es que el equipo de la constructora pueda comparar escenarios, detectar rápidamente las partidas que “mandan” el coste, y entender qué palancas técnicas afectan de verdad al resultado económico (metodología, rendimientos, logística y secuencia de obra).
El objetivo final es facilitar el estudio económico de la obra en fase de licitación, entregándole un resultado manejable, tabulado y parametrizado, para que ustedes solo tengan que encajar la oferta a la realidad de su empresa (estructura, medios, acuerdos con proveedores, capacidad productiva) y a los intereses concretos que tengan para esa obra (estrategia de margen, posicionamiento, carga de trabajo, y nivel de riesgo asumible). Con ello se reduce el tiempo de preparación, se minimizan errores y se mejora la calidad y coherencia global de la oferta.
REALIZAMOS UN ANÁLISIS ECONÓMICO DE OBRA.
El estudio económico de una obra consiste en cuantificar, con criterio de ejecución real, las cantidades óptimas de recursos necesarios para construir la obra y entregarla al cliente cumpliendo el plazo y la calidad exigidos. En licitación de obra pública, este estudio no puede ser una traslación mecánica del presupuesto del proyecto: debe estar alineado con la metodología constructiva, la planificación y los medios disponibles de la empresa, porque el coste final depende de rendimientos, logística, secuencias, interferencias y restricciones de ejecución. Además, debe ser coherente con el marco de precio del contrato (LCSP) y con el tratamiento de ofertas anormalmente bajas cuando el procedimiento lo contemple. En términos operativos, el estudio viene determinado por los siguientes conceptos:
-
- Identificación completa de cada unidad de obra. Lectura exhaustiva de mediciones, planos y pliego técnico, detectando unidades singulares, partidas críticas, incoherencias o lagunas que puedan afectar a coste y riesgo.
-
- Identificación de los equipos de trabajo, materiales y maquinaria necesarios. Definición de recursos por actividad, considerando medios principales y auxiliares, transportes, acopios, equipos de medición/control y, cuando aplique, señalización y afecciones.
- Creación de los equipos de trabajo y determinación de sus rendimientos. Dimensionamiento de cuadrillas, turnos y maquinaria, y fijación de rendimientos coherentes con el entorno, la logística, la accesibilidad, las restricciones del pliego y la secuencia real de ejecución.
- Cuantificación de los costes directos. Costes asociados directamente a la producción: mano de obra, materiales, maquinaria, subcontratación, transporte, consumos y mermas, calculados a partir de rendimientos y precios reales de mercado y/o acuerdos de la empresa. Para contrastar tendencias generales de precios (sin sustituir los precios reales de compra), es útil vigilar indicadores oficiales como el IPC del INE, y en energía el seguimiento de referencias públicas como ESIOS (REE) cuando el consumo energético sea relevante en la producción.
- Cuantificación de los costes indirectos. Costes necesarios para ejecutar pero no imputables a una unidad concreta: implantación, instalaciones provisionales, medios auxiliares, control de calidad y ensayos, seguridad y salud, gestión ambiental, logística y gastos de estructura imputables a obra según el enfoque de la empresa. En obra pública, además, el circuito de cobro y pagos se ve afectado por el periodo medio de pago a proveedores, lo que debe considerarse en tesorería y financiación del circulante.
- Cuantificación de los plazos, incluidos los parciales. Determinación del plazo global y de hitos intermedios, integrando tiempos no productivos (aprobaciones, curados, suministros, pruebas), restricciones de ventanas de trabajo y condicionantes externos que impactan en coste y organización.
Su resultado es la determinación del coste real que implica la ejecución de todos y cada uno de los trabajos recogidos en el presupuesto de la obra, con trazabilidad entre unidades, rendimientos, recursos y planificación. A partir de ese coste real, la dirección de la empresa aplica los márgenes que estime (estructura, gastos generales, beneficio industrial, contingencias internas y estrategia comercial), así como cualquier otro gasto que se considere oportuno en función del tipo de contrato, del riesgo asumible y del posicionamiento competitivo que se busque en la licitación. En licitaciones con presentación electrónica, todo este esfuerzo debe cerrarse con control formal de documentación, firma y sobres, conforme a las guías de presentación del entorno oficial correspondiente.
CONOCIMIENTOS ECONÓMICOS DE OBRA.
Cuando hablamos de oferta económica en una licitación de obra pública, nos referimos a la parte de la propuesta que fija el importe de ejecución ofertado por el licitador y que, en la mayoría de procedimientos, se valora mediante criterios automáticos (fórmulas). En la práctica, la oferta económica no es solo “un número”: es el resultado de un estudio técnico-económico coherente con el proyecto, el pliego, la metodología prevista y los medios disponibles de la empresa. Por ello, una oferta competitiva debe ser, a la vez, optimizada y defendible: capaz de maximizar puntuación sin comprometer la viabilidad de ejecución ni aumentar el riesgo de oferta anormal.
Para elaborar correctamente la oferta económica es imprescindible conocer con detalle los precios unitarios que conforman el presupuesto. En el presupuesto del proyecto vendrán valoradas y medidas las diferentes unidades de obra que componen el proyecto en su conjunto y que son necesarias para ejecutar la obra. En términos de medición, la lógica es directa: la suma de todas las unidades medidas y valoradas constituye el alcance total de la obra, y sobre ese alcance se construye el importe base del contrato. Por eso, una lectura crítica de mediciones y partidas es clave para detectar unidades sensibles, incoherencias, omisiones o partidas con alta incertidumbre que puedan condicionar la estrategia de oferta.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra suele venir desglosado en sus costes directos e indirectos necesarios para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el IVA que pueda gravar el contrato, ya que este se repercute en una partida independiente. Esta separación es esencial en licitación: el precio ofertado se formula sobre importes sin IVA, y el IVA se añade conforme al tipo aplicable. A efectos de análisis y control, el licitador debe asegurar que:
- Los costes directos (mano de obra, materiales, maquinaria, subcontratación, transportes y consumos) se corresponden con rendimientos y procedimientos ejecutables.
- Los costes indirectos (implantación, medios auxiliares, señalización/afecciones cuando proceda, control de calidad y ensayos, seguridad y salud, gestión ambiental, estructura imputable) están correctamente considerados para sostener el plazo y la organización propuesta.
- El importe final ofertado mantiene coherencia con la memoria técnica (plazo, medios y metodología), porque esa coherencia refuerza la credibilidad de la oferta y reduce riesgos en ejecución.
En definitiva, la oferta económica competitiva en obra pública se construye desde el presupuesto del proyecto, pero se valida con el enfoque real de la empresa: procedimientos, rendimientos, logística y capacidad productiva. Esa es la diferencia entre ofertar “barato” y ofertar “bien”.
El cálculo global del presupuesto de obra se ve afectado por otros conceptos económicos, que toda empresa de construcción debe conocer:
MÁS ALLÁ DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE OBRA.
En cada licitación de obra pública se establece un importe tipo de licitación (presupuesto base o precio máximo admisible, según el expediente), que actúa como límite superior de las ofertas. Este importe es el techo económico del procedimiento: el precio que presenten los licitadores puede ser igual o inferior al importe tipo, pero nunca superior. Si la propuesta supera ese límite, queda automáticamente descartada, sin entrar en valoración. Por ello, la estrategia económica en licitación parte siempre de un punto fijo: competir significa optimizar por debajo del máximo, manteniendo viabilidad y coherencia con el proyecto y el pliego.
Una vez presentada la oferta y, si resultamos adjudicatarios, la ejecución del contrato se desarrollará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de los supuestos de fuerza mayor previstos en la normativa de contratación pública. En términos operativos, esto implica que el contratista asume los sobrecostes que puedan originarse durante la ejecución como consecuencia de haber valorado insuficientemente trabajos, rendimientos, logística, afecciones, interferencias o condiciones reales de obra. Es decir, lo que se oferta se ejecuta: la oferta económica no es una “estimación”, es un compromiso contractual cuya solvencia determina el rendimiento real del contrato.
Por este motivo, para realizar un estudio económico riguroso de la obra en el ámbito de la licitación pública de obras, es recomendable ampliar los conceptos económicos básicos (precios unitarios, directos e indirectos) incorporando, como mínimo, los siguientes elementos de control y verificación:
ANÁLISIS DE FÓRMULAS DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS.
La ley de contratación LCSP deja un margen amplio para que cada órgano de contratación defina los criterios de adjudicación que considere más oportunos, siempre que se ajusten a lo recogido en la propia norma y estén vinculados al objeto del contrato. En la práctica, esto significa que dos licitaciones aparentemente similares pueden aplicar criterios automáticos con fórmulas muy distintas, y esa diferencia puede cambiar por completo la estrategia de oferta. Aunque los criterios de valoración objetiva puntúan características cuantificables (cifras, porcentajes o parámetros medibles) mediante la aplicación de fórmulas, conviene subrayar que las diferencias entre unas fórmulas y otras pueden ser determinantes: no todas premian igual la baja, no todas penalizan igual las desviaciones y no todas reparten la puntuación con la misma “agresividad”.
El objetivo de la fórmula matemática es transformar el importe de la oferta económica del licitador en la puntuación del criterio económico. Dicho de otro modo: la fórmula define cómo se convierte un precio en puntos, y por tanto define el “valor real” de cada euro de baja desde el punto de vista de la adjudicación. La puntuación asignada a las ofertas puede variar sustancialmente en función del tipo de fórmula aplicada, porque cada fórmula genera una curva de distribución distinta: algunas concentran puntuación en el tramo de bajas más agresivas, otras reparten de forma más homogénea, y otras introducen umbrales o efectos de saturación que limitan el retorno de bajar más.
Comparar las curvas de puntuación pone de manifiesto diferencias notables en la asignación de puntos para distintas ofertas económicas. Por eso, en un estudio de licitación serio, no basta con “bajar”: hay que entender cuánto puntúa realmente esa baja según la fórmula y si compensa el riesgo económico que se asume. En términos de estrategia, esto afecta directamente a:
- Decisión de baja óptima: qué nivel de reducción maximiza puntos sin destruir margen ni forzar una oferta anormal.
- Riesgo de temeridad: si la fórmula empuja a bajas extremas, aumenta la probabilidad de entrar en umbral de anormalidad y tener que justificar.
- Coherencia técnica–económica: a mayor presión en precio, mayor necesidad de que la memoria técnica sostenga rendimientos, medios y plazo, para que la oferta sea defendible.
De forma general, pueden diferenciarse dos grandes familias de fórmulas:
- Fórmulas lineales: el número de puntos asignado a cada licitador es proporcional a la baja ofertada. Su comportamiento es más predecible: cada punto de baja “vale” de forma constante, y la distancia entre ofertas se traduce en una distancia proporcional en puntos.
- Fórmulas no lineales o multilineales: la puntuación asignada no sigue una distribución proporcional a lo largo del eje de las bajas propuestas. En estas fórmulas, el retorno de bajar puede crecer o decrecer según el tramo, concentrando ventaja en determinados rangos (por ejemplo, premiando más los precios próximos al mínimo o penalizando fuertemente desviaciones), lo que obliga a estudiar la curva para elegir la posición óptima.
En licitación de obra pública, entender la fórmula económica es tan importante como entender el pliego técnico: la fórmula no solo puntúa, también “empuja” al mercado hacia un tipo de oferta. Por eso, analizarla con rigor es una de las claves para competir con posibilidades reales de adjudicación.
Por todo lo anterior, para que la empresa de construcción pueda conseguir el contrato de obra, es de vital importancia realizar un análisis de las fórmulas de asignación de puntos:
Se asigna la máxima puntuación a la oferta más económica, y 0 puntos a la que iguale el Presupuesto de Base Licitación, la asignación de las puntuaciones a las restantes ofertas se realiza de forma proporcional al importe ofertado.
PUNTUACION OBTENIDA = (PCE*B_O)/B_MAX
Donde:
- PCE: Puntuación asignada al criterio económico.
- BO: Baja de la proposición que se valora.
- BMAX: Baja máxima.
Se asigna la máxima puntuación a la oferta más económica y una puntuación básica a la oferta que iguale el Presupuesto de Base Licitación, la asignación de las puntuaciones a las restantes ofertas se realiza de forma proporcional al importe ofertado.
PUNTUACION OBTENIDA = (PCE*B_O)/B_MAX +PB
Donde:
- PCE: Puntuación asignada al criterio económico.
- PB: Puntuación asignada a las ofertas sin bajas, puntuación básica.
- BO: Baja de la proposición que se valora.
- BMAX: Baja máxima.
La asignación de los puntos se realiza por intervalos, y en el interior de ellos su reparto es lineal. Se pueden definir distintos tipos de intervalos, en el ejemplo se asigna la máxima puntuación a la oferta más económica, y una puntuación mínima a la menor oferta.
Ejemplo de reparto de puntuación en 4 intervalos:
- Baja máxima: 100 puntos.
- Baja media: 90 puntos.
- Baja media menos 5%: 70 puntos.
- Baja media menos 10%: 30 puntos.
- Baja mínima (puntuación básica): 20 puntos.
Se asigna la máxima puntuación a la oferta más económica y 0 puntos a la que iguale el Presupuesto de Base Licitación, la asignación de las puntuaciones a las restantes ofertas se realiza mediante una función raíz.
PUNTUACION OBTENIDA = PCE*√(1-〖(B_O-B_MAX)〗^2/(B_MAX^2 ))
Donde:
- PCE: Puntuación asignada al criterio económico.
- BO: Baja de la proposición que se valora.
- BMAX: Baja máxima.
ESTUDIO DE OTROS CRITERIOS OBJETIVOS.
Analizado el precio de la propuesta, es habitual que en el pliego de la licitación aparezcan otros criterios objetivos además del económico. Estos criterios automáticos suelen materializarse en compromisos cuantificables, por ejemplo mejoras del plazo de ejecución, ampliación del plazo de garantía, compromisos medibles de medios, rendimientos o actuaciones tasadas que el órgano de contratación decide valorar mediante fórmula o mediante reglas objetivas. En contratación pública de obras, estos criterios son especialmente relevantes porque permiten diferenciar ofertas cuando el precio se aproxima entre licitadores y, además, pueden sumar puntos de forma “rápida” si se plantean con coherencia técnica.
El estudio de estos criterios objetivos se centra fundamentalmente en dos detalles que condicionan la estrategia de oferta:
-
- La ponderación de estos criterios respecto al resto. Aunque suelen representar una parte porcentual menor que el precio y la parte técnica, no son menos importantes. En la práctica, los pesos de estos criterios respecto al total rara vez superan el 30%, pero pueden ser decisivos para adelantar posiciones cuando las puntuaciones de juicio de valor están muy próximas o cuando el tramo económico no genera diferencias suficientes. Por ello, conviene tratarlos como puntos “asegurables” siempre que sean viables.
-
- La asignación de la puntuación depende directamente de lo ofertado. Normalmente estos criterios vienen tasados (puntuación por hitos), son de tipo SI/NO o siguen reglas proporcionales sencillas (más mejora = más puntos, con límites). Rara vez se emplean repartos complejos. Esto obliga a afinar: entender el umbral mínimo para puntuar, el máximo puntuable y la curva real de retorno, para no comprometer recursos o plazo sin retorno suficiente.
Mostramos algunos ejemplos de criterios objetivos distintos al precio:
