El expediente de contratación de obra pública.

Una vez completado el expediente de contratación, el órgano de contratación dicta una resolución motivada aprobando el expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, conforme al marco de la LCSP. En términos prácticos, la aprobación del expediente es el hito que “activa” la licitación y marca el inicio real del escenario competitivo para las empresas constructoras, porque a partir de ese momento la documentación queda fijada y se establecen formalmente los plazos y reglas de presentación de ofertas. Esta aprobación produce varios efectos directos:

1. 1. Aprobación de la documentación incluida en el expediente de contratación. Quedan validados los documentos que rigen la licitación (pliegos, proyecto y anexos, criterios de adjudicación, solvencias, presupuesto y condiciones de ejecución). Para el licitador, esto significa que la memoria técnica debe alinearse con esa documentación “cerrada”, y que cualquier matiz relevante se gestionará, en su caso, mediante aclaraciones oficiales publicadas en el perfil del contratante.

1. 1. Cierre del expediente de contratación. Se consolida el contenido del expediente en su versión definitiva, evitando cambios informales y garantizando trazabilidad administrativa. A efectos de preparación de oferta, este cierre obliga a trabajar con control documental: versión correcta de pliegos, anexos y prescripciones, y seguimiento sistemático de posibles rectificaciones, respuestas y publicaciones complementarias. En licitación electrónica, este seguimiento se apoya en las funcionalidades y guías operativas del entorno oficial de publicación y gestión, disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
   2. Inicio del procedimiento de adjudicación del contrato. Se abre formalmente la fase de licitación: publicación, plazos, consultas/aclaraciones, presentación, apertura y valoración. En esta etapa, el enfoque técnico de la oferta (metodología, planificación, medios, control de calidad, seguridad y mejoras) debe construirse exactamente conforme a los criterios y subcriterios establecidos, porque es lo que se evaluará.

El procedimiento de contratación, según su expediente de tramitación, puede ser:

• • Ordinarios: Son los expedientes en los que los plazos son los razonablemente necesarios para preparar la documentación y presentar ofertas, atendiendo a la complejidad del contrato de obra. Para el licitador, suele implicar una ventana de trabajo suficiente para analizar el pliego, definir estrategia, realizar visita si procede y elaborar una memoria técnica con desarrollo completo y coherente.

• • Urgentes: Corresponden a contratos de obra cuya adjudicación debe acelerarse por razones de interés público. En la práctica, se acortan plazos y se reduce el margen de reacción del licitador; esto exige una capacidad de producción documental muy alta, priorizando lo que puntúa, asegurando el cumplimiento formal y evitando errores por falta de control de versiones o por no integrar condicionantes críticos del pliego.
  • De emergencia: Son los contratos vinculados a situaciones excepcionales que requieren respuesta inmediata. Se caracterizan por tramitaciones aceleradas y por la necesidad de movilización urgente de medios, donde la planificación, la logística y la disponibilidad real de recursos adquieren un peso operativo determinante. Ejemplos de contexto son crisis sanitarias como la COVID-19 o emergencias naturales con alta afección territorial, como la erupción en La Palma monitorizada por el Instituto Geográfico Nacional. En estos casos, la documentación y el enfoque técnico deben adaptarse al régimen específico aplicado en el expediente.

Contenido del expediente de contratación.

El expediente de contratación de la obra es el conjunto ordenado de documentos que sustentan la licitación y que, en su conjunto, debe referirse a la totalidad del objeto del contrato. Es la base jurídica, técnica y económica sobre la que el órgano de contratación justifica la necesidad, define el alcance, fija las reglas de adjudicación y habilita el gasto, conforme a la lógica del expediente de contratación (LCSP). Para la empresa constructora licitadora, el expediente es la “fuente de verdad”: determina qué se exige, qué se valora y qué compromisos quedarán incorporados al contrato. Por ello, una correcta interpretación del expediente es imprescindible para preparar una oferta técnica competitiva y una memoria técnica plenamente alineada con pliego, proyecto y criterios, con seguimiento oficial en el perfil del contratante.

De forma general, el expediente de contratación deberá contener los siguientes documentos:

• • El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). Establece las condiciones administrativas del contrato: solvencia, garantías, forma de presentación, estructura de sobres, criterios de adjudicación, penalidades, régimen de pagos/certificaciones, plazos, obligaciones del contratista, subcontratación y demás condiciones contractuales. Su contenido se encuadra en el marco de la LCSP y se publica con validez administrativa en el expediente.

• • El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP). Define las exigencias técnicas de la obra y, en contratos de obras, suele apoyarse en el proyecto y su documentación (memoria, planos, mediciones, presupuesto y anejos), fijando materiales, unidades, métodos y criterios de control y aceptación. En muchos expedientes de carreteras, por ejemplo, se complementa con pliegos generales de referencia como los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales.
  • Certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya. Acredita que existe financiación disponible y habilitada para contratar la obra, garantizando la cobertura presupuestaria del expediente (marco de referencia y documentación pública del ciclo presupuestario en Presupuestos Generales del Estado).
  • La fiscalización previa de la intervención. Control previo interno que verifica la adecuación del expediente a la normativa y a los requisitos presupuestarios y procedimentales, antes de iniciar la licitación. En el ámbito estatal, el marco institucional de referencia se encuadra en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
  • Justificación de la elección del procedimiento. Documento que motiva el tipo de procedimiento empleado (abierto, restringido, simplificado, etc.) en función de la naturaleza del contrato, su cuantía y las condiciones de concurrencia y tramitación, con encaje en los procedimientos previstos por la LCSP (procedimientos de adjudicación).
  • Justificación de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. Define y motiva los criterios y subcriterios, su ponderación y la forma de valoración (juicio de valor y/o criterios automáticos), lo que determina cómo debe estructurarse y redactarse la memoria técnica para maximizar puntuación, conforme al régimen de criterios de adjudicación.

Los tipos de pliegos que nos encontraremos en las licitaciones de obras son:

Hay un caso especial de contrato de obra que es el de los llamados «contratos menores«. La tramitación de este tipo de expedientes sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo que la Ley establezcan.

En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran.

El estudio de cualquier tipo de contrato de obra, grande o pequeño, en lo referente a los pliegos que rigen su licitación, requiere de una atención personalizada, ya que aunque sean emitidos por el mismo órgano de contratación, puede cambiar algún detalle que marque la diferencia. Si a lo anterior añadimos que no hay dos obras iguales, podemos afirmar que tanto el estudio de pliegos, como el económico y técnico de la obra, debe ser especifico para la obra de que se trate.